martes, 20 de marzo de 2007

 

"La Ley de Imprenta sigue vigente por ignorancia. De los legisladores y de periodistas"

Entrevista con Raúl Trejo Delarbre

Por Ángeles Reguero G.

Raúl Trejo Delarbre es uno de los principales especialistas en medios del país. En su experiencia como escritor y articulista se ha visto afectado por legislaciones retrógradas en materia de medios. Por lo que con las recientes modificaciones al Código Penal Federal en materia de penalización de delitos de calumnia y difamación, este connotado investigador tiene opiniones específicas al respecto, y en general de la situación en materia de regulación de medios y de la política de comunicación del presidente Felipe Calderón.

- ¿Cuál es su posición respecto a la reciente aprobación del Senado de la República en materia de despenalización de los delitos de calumnia y difamación?

Esencialmente creo que está bien que se apruebe esta despenalización. En todo el mundo estos delitos son sancionados con medidas pecuniarias, es decir, con dinero, y no con cárcel.
En segundo lugar, creo que hubo entre los senadores un debate interesante que revela la existencia de muchos prejuicios, pero además de reclamos legítimos hacia los periodistas. Los senadores decían: ¿Cómo vamos a despenalizar y cómo nos defendemos entonces? Sin embargo, creo que no se pierde la posibilidad de defensa.
En tercer lugar, me llama la atención la mala lectura que en los medios se hace todavía de esta reforma legal. He leído, visto en televisión y escuchado en radio a periodistas que se asombran porque dicen que ahora tendrán que revelar sus fuentes con tal de que no los metan a la cárcel, cuando lo que ocurre es todo lo contrario.
La ley dice que no será motivo de sanción la nota periodística que aunque incurra en una actitud calumniosa, cite la fuente de donde toma ese punto de vista. Y por último, me ha parecido que siendo pertinente este cambio, hay que recordar que la legislación mexicana todavía contempla la pena corporal, es decir, la cárcel para delitos de opinión. Y esto porque la Ley de Imprenta, que ya cumplió 90 años vigente, nadie la recuerda, lo cual es un olvido muy preocupante.

Al plantearle el vacío legal en materia de medios, la aún vigente Ley de Imprenta y el congelamiento de la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social como posible solución a este rezago, explicó:

La Ley Federal de Comunicación Social, sería una solución. Para mí la más deseable, porque tendríamos una legislación integral. Pero no lo creo posible en vista de la enorme dificultad que tenemos para que se actualice en términos de equidad la legislación mexicana en materia de medios.Otra solución sería reformar la Ley de Imprenta, o bien derogarla, o sustituirla por un ordenamiento más moderno.
¿Por qué se mantiene? Yo creo sobretodo que por ignorancia. Ignorancia de los legisladores, ignorancia incluso de los periodistas. Yo me he encontrado a mucha gente en el gremio periodístico que cree que esa ley no está vigente. Como a mí una vez me demandaron con base en esa ley, tengo la certeza de que está perfectamente vigente y que puede implicar cárcel. Yo estuve en un litigio de varios años, que gané naturalmente, pero que implicó mucho tiempo y dinero y cierto sobresalto.

- ¿Cuál fue el motivo de este proceso penal que enfrentó?

Fue en el año 2002, cuando el conductor Pedro Ferríz de Con me demandó porque yo recordé el episodio en el que él se había peleado con Carmen Aristegui en la cabina del Grupo Imagen. Yo publiqué que se conocían los vínculos de negocio de Pedro Ferríz con la casa presidencial. Eso que publiqué lo había dicho antes muchos otros periodistas, pero fue a mí a quien demandó con base en la Ley de Imprenta. Fue una demanda federal, lo cual hizo que quedara radicada en la Procuraduría General de la República, que luego ésta aseguró que no había causa y la transfirió a la Procuraduría Local con carácter penal.

- ¿Qué denota la retrasada resolución de la Suprema Corte de Justicia -10 meses- respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los senadores y otros ciudadanos a la Ley de Radio y Televisión?

Honestamente no lo sé, no hay un plazo legal. Es decir, no está retrasado el veredicto ni adelantado. No hay reglas en ese aspecto. Sin embargo, parece que está por haber un pronunciamiento de la Corte, pero personalmente creo que habrá una decisión que reivindique casi toda la ley, es decir, que la avale y que modifique algunos puntos menores. Ésta es mi impresión, más allá de mis deseos personales.

El escenario mediático en el presente sexenio

Los medios seguirán desarrollándose como empresas, más allá de los que hoy tienen más concesiones, que ese es el centro de la Ley Televisa. Si la Ley fuera derogada la situación no cambia demasiado tampoco, tendríamos vigente todavía la Ley de 1960 que no ha cambiado en lo fundamental y que sigue siendo la que rige hoy y desde hace 45 años a la radio y televisión mexicana.
Es decir, el problema no es sólo la Ley Televisa, ahí hay una gran oportunidad para hacer más negocio con recursos de la Nación para quienes ya hacen negocio con estos recursos. Pero los muchos rezagos de la legislación, la falta de mecanismos para la adjudicación clara de las concesiones, la falta de concursos, la debilidad de los medios públicos, la ausencia de recursos para la defensa y expresión de la sociedad se mantienen con o sin Ley Televisa.

- ¿Cómo evalúa la política de medios de Felipe Calderón hasta ahora?

Está por verse. Hay señales muy contradictorias. Por un lado, Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes, es un personaje muy cercano a grupos empresariales pero por otro es sabido que no es al que veían con mejores ojos los dueños de Telmex y de Televisa.
Es significativo el hecho que, de los cien compromisos que el ahora presidente Calderón anunció en su campaña, sean los relativos a las telecomunicaciones los que se mantienen más incumplidos.
La apertura de la radio digital, la licitación de nuevas frecuencias, son asuntos en cuya definición se irá mostrando cuál el rumbo que en ese sentido toma el gobierno. Esencialmente el dilema es si van a abrirse más negocios para los que ya los tienen, o si va a haber más opciones para los que quieran compartir el negocio de las telecomunicaciones. Esto, tanto en la diversificación de los concesionarios de telefonía, como en la apertura o no de una o más nuevas cadenas de televisión nacional.


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